De la solidaridad como mecanismo de construcción de Paz

Colombia

Desde el año 2012 en la Habana Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP discutían seis puntos establecidos previamente en una agenda de negociación, que se trazó como ruta de trabajo y se constituyó como el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hoy, y en medio del fragor de la guerra, vemos como el cese definitivo de hostilidades entre las partes negociantes se hizo realidad, lo que significa el fin de todo tipo de confrontación armada entre el Estado Colombiano y las FARC-EP.

Después de los vaivenes de negociar en medio de la confrontación y reconociendo un principio rector de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el pasado 22 de junio de 2016 el mundo y los colombianos vimos cómo el gobierno y las FARC-EP firmaban un documento de cese definitivo de hostilidades; por supuesto, un acuerdo trascendental para la superación del conflicto armado colombiano y sin duda alguna, un motivo de esperanza para muchos colombianos que han tenido que vivir en medio de la catastrófica guerra rural y urbana en Colombia.

Por esta razón, este hecho tanto político como simbólico nos invita a cuestionar la confrontación armada en Colombia, que ha producido, a la fecha, 8.068.272 de víctimas registradas según el Registro Único de Víctimas.

Esta realidad, que desde cualquier punto de vista es infame, se ha impregnado en la memoria colectiva, pero así mismo debe ser motor para que cada colombiano construya acciones de esperanza y de restablecimiento de país, basadas en mecanismos de paz estables y duraderos. Por lo tanto, esta cifra que cuenta relatos de destrucción colectiva debe ser el motor para la construcción de una sociedad que, más allá de cualquier tipo de perfeccionamiento industrial, cree un sistema de movimientos vitales basados en la justicia y en la solidaridad.

Por estos motivos – memoria colectiva, anhelo de justicia social, sentimientos patrióticos, etc. – y reconociendo un principio de realidad en donde no todo será color de rosa, se inicia una etapa histórica de construcción de mecanismos de paz estable y duradera, etapa en la cual cada colombiano deberá tener participación activa y sostenida. Por tanto, esta etapa, a mi juicio, debe estar orientada por tres principios rectores que tienen que ver con lo cultural, lo concreto y lo histórico.

El primero, cimentar la solidaridad como un mecanismo de construcción de paz, el segundo, la elaboración de políticas públicas conducentes a la superación de las desigualdades de los colombianos y al fortalecimiento de sus capacidades; y tercero, el reconocimiento de las luchas históricas, de los saberes, de las prácticas y de los distintos modos de ser, pensar y sentir de los pueblos históricamente marginados.

Expongo estos tres elementos sin pretender ser reduccionista y siendo consciente de la historia social y política que compartimos, como también siendo consciente de los factores que originaron el conflicto armado en Colombia, por lo menos en su versión posterior a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. A saber, la estructura de la tenencia, uso y distribución de la tierra, la falta de reconocimiento y participación de los sectores marginados, generalmente rurales, en las políticas públicas de empleo, educación, salud y vivienda, y por último el monopolio del poder por parte de las élites políticas, entre otros.

En este orden de ideas, entiendo por solidaridad un sistema de valores colectivos de respeto por la otredad, en la cual a partir de la división social de las funciones, es decir, del reconocimiento del ser diferente, construimos vida colectiva; esta vida colectiva debe estar basada en la solidaridad con justicia social como mecanismo de cohesión social. Debe estar basada en mecanismos sociales conducentes a reintegrar al individuo a la sociedad poniendo énfasis en el fortalecimiento de las potencialidades de los seres humanos para reintegrarse efectivamente a la sociedad. En tal sentido aplaudo el espíritu de la propuesta de justicia transicional basada en principios del derecho distributivo y restaurativo, por lo menos en lo que se refiere a restaurar a las víctimas y a reintegrar a los individuos a la sociedad; escenario que permitirá el fortalecimiento democrático de la nación.

Sumado a esto, la elaboración de política pública dirigida a la superación de las desigualdades hace referencia a una relación de distribución tanto del ámbito económico (redistribución del ingreso) como del político (participación democrática); hago referencia al fortalecimiento de las capacidades para poder funcionar de manera holística. En este sentido retomo el aporte de Amartya Sen en tanto “Deber ser, implica poder ser”. Sumado a lo anterior, el ámbito medio ambiental y de uso, tenencia y distribución de la tierra, son fundamentales para la construcción de mecanismos de paz estable y duradera en territorio colombiano.

Finalmente y sumado a lo anterior, se hace imperativo el amplio reconocimiento de las formas particulares de organizar la vida social, política, económica, ambiental y cultural de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes; que en mi concepto son formas concretas, en el horizonte de posibilidades, de hallar caminos de esperanza, solidaridad y justicia continental. Por esta razón, hago un llamado a cada colombiano para que en medio de ese amplio horizonte de posibilidades éticas construyamos un país basado en el respeto, en la solidaridad y en la justicia social.

Jhoan Felipe López Castillo

Encargado de Proyecto de América Solidaria Colombia.

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